PRIMERO DE MAYO DE 2012: LOS/AS TRABAJADORES Y EL IMPERATIVO DE TRANSFORMACIÓN SOCIAL DE LA ARGENTINA
I.
En este 1º de mayo, día mundial de los trabajadores, queremos hablar justamente de nosotros y de los desafíos que nos impone el presente. En nuestro país, la clase trabajadora logró conformar un sólido movimiento sindical que se enfrentó, a lo largo de nuestra historia, con una gran cantidad de embestidas, obstáculos y desafíos, que en cada etapa tuvieron formas distintas.
Desde 1975 – con el Operativo Serpiente Roja del Paraná, el Operativo Independencia y el Rodrigazo – el movimiento obrero se transformó en blanco sistemático de persecusiones, cárceles, desaparición, ajustes, hiperinflaciones y desempleo masivo.
El 25 de Marzo de 1976, el primer comunicado de la dictadura militar identificaba con claridad: “se comunica a la población que todas las fuentes de producción y lugares de trabajo, estatales y privadas, a partir de la fecha, serán considerados objetivos de interés militar”.
Pero no alcanza con recordar los padecimientos infinitos que sufrieron los trabajadores y las trabajadoras de este país. Además es necesario visibilizar que estos intentos de torcer y frenar la historia se debieron a que los laburantes no sólo disputaban un proyecto social alternativo, sino que comenzaban a realizarlo a diario en las innumerables huelgas, consignas, programas, poesías, asambleas, movilizaciones, documentales, rebeliones, pinturas, barricadas y tomas de fábrica que se esparcían por todo nuestro territorio nacional.
Las derechas - civiles, eclesiásticas y militares -reaccionaron con el objetivo de aniquilar una transformación en curso.
Nuestra memoria colectiva tiene bien presente que la iniciativa, la imaginación, la ofensiva y la historia misma corrían por cuenta de las grandes mayorías populares.
****
Durante el año 2001, distintos movimientos del campo popular, pese a la brutal debilidad que signaba sus vidas, logrando altos niveles de organización, visibilizaron el antagonismo irreductible que atraviesa al neoliberalismo en tanto proyecto de brutal sometimiento de lo popular.
Durante los años que van del 2003 al 2011, bajo el proceso político abierto con la llegada del kirchnerismo al gobierno, se abrieron nuevas posibilidades. Se crearon más de tres millones de puestos de trabajo registrados, se redujo el empleo no registrado y aumentó la participación de los asalariados en el total del empleo. En un contexto de fuerte reactivación de la presencia sindical y de creciente organización y conflictividad en los lugares de trabajo, se incrementó abrupta y sistemáticamente el número de negociaciones colectivas anuales y su eficacia en términos de mayor cobertura y capacidad de determinación salarial, además de aumentarse en forma sostenida el Salario Mínimo. Durante esta etapa el Ministerio de Trabajo de la Nación participó dinamizando ambas institucionalidades del trabajo, generando instancias de inspección en materia de seguridad social que permitieron reducir el trabajo no registrado y promoviendo nuevos marcos regulatorios para restituir derechos a colectivos de trabajo discriminados negativamente por la legislación laboral como los trabajadores rurales y el servicio doméstico. Una transformación fundamental de la etapa ha sido la estatización de los fondos jubilatorios, definición indispensable para garantizar la ampliación de la cobertura jubilatoria y la significativa extensión del sistema de protección social a través de políticas sustantivas como la Asignación Universalpor Hijo.
Son cambios innegables, profundos y significativos. Estamos obligados a ejercitar la perspectiva porque nos precedieron los genocidas inviernos dictatoriales y luego los de la consolidación neoliberal noventista.
II.
Sin embargo, pese a los valiosos cambios sucedidos, el neoliberalismo aún retiene parte de su eficacia definiendo, a su modo, determinadas situaciones de trabajo y la configuración de fuerzas entre actores. A título ilustrativo nos referiremos a cuatro persistencias por considerarlas emblemáticas para pensar los dilemas y desafíos del tiempo actual.
1) Campesinas y campesinos, comunidades indígenas completas, son expulsados de sus territorios. Cambian los gobiernos y los apellidos de quienes gobiernan en Santiago del Estero. Sin embargo, el acaparamiento de tierras continúa separando a los pueblos de sus territorios, sus recursos y sus medios de sustento, condenando al hambre y a condiciones de trabajo denigrantes, rallanas con la esclavitud.
El desplazamiento de la frontera agrícola condena al monocultivo impidiendo realizar la soberanía alimentaria. Transnacionales mineras y de los agronegocios invaden, acaparan tierras, desmontan, explotan trabajadores, extraen y exportan recursos naturales, dañan la naturaleza. Esquilman los territorios y, mediante inexplicables complicidades políticas, embisten impune y violentamente contra la tenaz y justa resistencia de los pobladores, como ocurrió cuando el asesinato del joven campesino del MOCASE, Cristian Ferreyra.
Lo que ocurre en Santiago del Estero es, lamentablemente, sólo ilustrativo; otros territorios y poblaciones, como la comunidad “La Primavera”de Formosa, padecen situaciones similares.
La discusión de fondo es sobre la función social de la tierra y sobre cómo hacemos efectiva la soberanía alimentaria, que no es otra cosa que el derecho de los pueblos a producir sus propios alimentos, en función de sus necesidades y culturas.
2) Costureras y costureros que trabajan en forma frenética, jornadas de más de 12 y 14 horas diarias, en talleres clandestinos. Muchos de estos trabajadores duermen donde trabajan (porque de vivir ni hablar) y entonces, se dice, que tienen regímenes de cama caliente. No hay contratos de trabajo, ni ejercicio efectivo de absolutamente ningún derecho. Se enferman por la postura, por el aire viciado del encierro, por la falta de descanso y por la mala alimentación. Diversos informes muestran que en el sur de la Ciudad de Buenos Aires la tasa de infección por tuberculosis es la más alta del país (141.46 cada 100.000 habitantes), demostrando, además, su vinculación con la concentración de talleres textiles clandestinos. Uno de los informes concluye: “las cifras son similares a las de África subsahariana o a las del Impenetrable Chaqueño”.
Es que el neoliberalismo nos hizo atrasar un siglo. O, quizás, sea más preciso decir que son los proyectos de las derechas los que impiden, desde tiempos inmemoriales, la historia de los sectores subalternos. Entonces también somos más precisos si decimos que el problema político sigue siendo el capitalismo que, actualmente, reviste la forma de capitalismo financiero trasnacional.
Por eso la trágica familiaridad de las formas de vida del campesinado santiagueño con documentos tan añejos como el informe Bialet Massè de principios del siglo veinte, o con las denuncias de Homero Manzi y Hernández Arregui, integrantes de FORJA, durante la infame década del treinta. Pero también con el más cercano documento fundacional de la CGT de los Argentinos durante el Onganiato, a fines de los sesenta.
Muchos de los trabajadores textiles de los talleres clandestinos vienen de países limítrofes como Bolivia. También muchas veces‘son traídos’, mediante el accionar criminal de organizaciones dedicadas al tráfico y trata de personas, con engaños que arremeten con las esperanzas de encontrar un lugar y un trabajo para desarrollar el proyecto familiar y comunitario. ¿Hará falta que narremos, por ejemplo, el dolor lacerante de madres y padres por el viaje truncado e imposible del resto de los hijos pequeños de una familia condenada?
La ropa que se fabrica en los alrededor de tres mil talleres clandestinos que se estima hay en la Ciudad de Buenos Aires, se exhibe en muchas de las vidrieras de las “grandes marcas de la moda”. La diferencia entre el irrisorio y denigrante monto que reciben los costureros por pieza terminada y el precio al que venden dichas prendas en los barrios opulentos de la Ciudad de Buenos Aires expresa en gigantografía la injusticia social persistente del tiempo que vivimos.
Pero la ropa confeccionada por los textiles abastece también los miles de puestos comerciales de ferias como La Salada, las ‘saladitas’ y las mantas de los trabajadores que sobreviven con la venta callejera, diseminadas por los barrios de distintas ciudades del país. Porque son los mismos circuitos, las mismas relaciones sociales, las que nutren el capitalismo contemporáneo. Aclaración válida para los que insisten con la idea de una dualidad paralela que suelen denominar como economía formal-informal; blanca-negra; legal-ilegal.
La inspección del trabajo depende del Gobierno de la Ciudad que hace varios años se encuentra a cargo de Mauricio Macri. Es paradójico y dramático que, como consecuencia del desmembramiento y la fragmentación de la potestad de control del trabajo, haya quedado en sus manos esta responsabilidad de gobierno. El incendio de un taller en el barrio de Caballito en el que murieron seis compatriotas bolivianos, cinco de ellos menores de edad, ya había visibilizado la ausencia de controles estatales. Con la llegada de Macri al gobierno se sumaron las connivencias entre el gobierno macrista y el empresariado textil, tan grotescas las complicidades, que involucran a su esposa y cuñado, de apellido Awada, en causas judiciales sobre el abastecimiento de las grandes marcas a través de la tenebrosa cadena de producción clandestina aludida más arriba.
3) El gobierno de Tucumán para “favorecer el empleo juvenil” decidió pagarles a algunas de las empresas de call centers más grandes del mundo como ActionLine , por brindar un solo ejemplo, el 30% de todos los salarios durante el primer año de radicación en la provincia y el 20% entre el segundo y el cuarto año, el costo total de la capacitación que dicte la empresa a los aspirantes, el costo del examen médico preocupacional y también gastos de promoción, publicidad y alquileres. Además de otorgarle diversas exenciones impositivas.
Son empresas que han registrado un crecimiento exponencial y ganancias significativas desde la devaluación de la moneda en 2002, actualmente más de setenta mil trabajadores se desempeñan en esta actividad.
Las empresas de call centers offshore, que son el equivalente en la economía de servicios a los capitales golondrina de los flujos financieros, sostienen con el cinismo extorsivo característico de las trasnacionales que “el negocio es velocidad y si no se dan incentivos a esta industria, las inversiones indefectiblemente se van a volcar a otros países”. Y hablan de “vocación federal” para explicar sus traslados hacia otras provincias. La primera en atraer las radicaciones había sido Córdoba.
Como en una subasta, una disputa inter-provincial se dirime levantando apuestas y dilapidando los fondos públicos. La globalización trasnacional crea en los territorios periféricos la disyuntiva de una inserción sustentada en la amplificación de asimetrías nacionales, dinámica que se replica al interior del territorio nacional entre provincias argentinas.
Mientras dura la parada de las empresas golondrina son mayoritariamente los jóvenes quienes realizan sus primeras experiencias laborales. Sus jornadas de trabajo transcurren con ritmos frenéticos, entre llamadas repletas de quejas y maltratos verbales de usuarios y consumidores estafados que llegan desde cualquier punto del globo para arremeter contra los trabajadores-frontón, con diversas consecuencias muy negativas, en especial, sobre la salud. Una de las enfermedades más usuales que padecen los trabajadores y trabajadoras de la vincha es el denominado síndrome de cabeza quemada.
4) Una cuarta situación está dada por una estrategia del capital a escala global, que en territorios periféricos puede adquirir mayor intensidad y una tonalidad específica. Se trata de la tercerización y subcontratación que atraviesa el conjunto de las actividades económicas en nuestro país y que alcanzó, durante los noventa, en el marco del proceso privatizador, proporciones de magnitud preocupante. Esta afirmación tiene lugar a poco tiempo de iniciarse el juicio a Pedraza por su responsabilidad en el asesinato de Mariano Ferreyra, un militante comprometido y muerto como consecuencia de su lucha por la destercerización. En este caso, la particularidad local es siniestra, ya que la tercerización es implementada y usufructuada por algunos dirigentes sindicales devenidos en patrones de los trabajadores que deberían defender y que hoy explotan brutalmente en beneficio de sus bolsillos.
A diario millones de ciudadanos podemos constatar que los técnicos que reparan en domicilios particulares señales de cable, o de internet, no pertenecen a la empresa que provee el servicio. Y tampoco los trabajadores que hacen los repartos de las empresas de comidas rápidas son trabajadores contratados por dichas empresas. No atiende el teléfono un trabajador del banco, el seguro, la empresa de celulares, etc. con la cual quieren comunicarse los usuarios. Quienes reponen mercaderías en las góndolas, en muchos casos, no son trabajadores del supermercado ni tampoco de la empresa cuyos productos reponen.
Si los ejemplos más palpables para todos ocurren en el sector servicios, es importante destacar que la problemática tiende a reiterarse, bajo modalidades heterogéneas, en diversas actividades tales como la industria y el sector estatal. En este último caso manifestamos nuestra preocupación por el uso que muchos municipios hacen del programa Argentina Trabaja. El objetivo, significativo y bien orientado, de creación de cooperativas y fortalecimiento de la economía social no puede degenerar en la creación de puestos de trabajo precarios y subremunerados para la realización de tareas ordinarias de competencia municipal. En realidad la tercerización expresa sólo una dimensión del problema laboral en el sector público: las disparidades salariales y la persistencia de otros modos de precarización que evaden la relación laboral (monotributistas, concurrentes, pasantes, becarios) son problemáticas sustantivas pendientes que involucran a decenas de miles de trabajadores.
La tercerización y subcontratación precarizadora no ocurre únicamente como modo de aumentar los márgenes de ganancias. También como forma de fracturar y fragmentar la solidaridad entre trabajadores al intensificar las diferencias de salarios, condiciones de trabajo y encuadramientos convencionales y sindicales al interior de un mismo colectivo laboral. Son dispositivos dinamizados desde hace décadas con objetivos económicos y políticos.
En los últimos años han tomado fuerza las Luchas por la Destercerización, entre las cuales se destacan las de los trabajadores del subterráneo, telefónicos, ferroviarios tercerizados y la del sindicato de trabajadores aceiteros de Rosario.
***
Las situaciones reseñadas combinan, aunque en distintas intensidades, dinámicas de degradación de la condición del trabajador con profundas desigualdades y fracturas sociales.
Además, las grandes empresas, muchas veces trasnacionales, hacen un aprovechamiento desorbitante de su posición dominante esquilmando recursos naturales, fondos públicos y/o trabajadores.
En los últimos años, las grandes empresas han logrado ganancias siderales y, sin embargo, rechazan sin deliberación alguna la propuesta de participación de los trabajadores en las ganancias. Recordemos el tono patoteril del comunicado, firmado por todas las siglas del capital concentrado: “rechazo categórico al proyecto en cuestión, máxime cuando se comprueba que avanzan hacia un poder de interferencia sindical que choca contra los principios constitucionales de derecho de propiedad y de ejercicio de toda industria lícita al otorgar a los sindicatos facultades de fiscalización y de información ajenas a su cometido muy superiores a la de los propios accionistas”. Héctor Méndez desesperaba durante aquellos días, recorriendo canales de televisión y repitiendo sin cesar “la cogestión no se negocia”.
No quieren distribuir las ganancias que son producto del trabajo, tampoco quieren informar sus balances a los trabajadores, ni ser fiscalizados, ni siquiera iniciar un debate sobre estas reivindicaciones legítimas. ¿Qué esconden algunos grupos económicos? ¿Por qué? ¿Cuánta irracionalidad instrumental constataríamos si accediéramos a los balances reales? ¿Cuántas maniobras dudosas, cuánta desinversión podríamos inferir? ¿Cómo es posible que los representantes de sus Cámaras se nieguen a discutir? ¿Por qué no existe ninguna regulación en torno a los modos de asegurar la democratización de la representación empresaria y la participación de las pequeñas y medianas empresas nacionales en sus nucleamientos?
Vale agregar que las desorbitantes ganancias que han obtenido las grandes empresas son la contracara de la dificultad que se nos presenta a los/as trabajadores para aumentar los salarios reales en contextos inflacionarios.
Muchos estados provinciales -¿para generar empleo o crecimiento rápido en los períodos de gobierno? - alternan o combinan: ausencia de intervención, regulación y control; vista gorda; transferencias injustificables de recursos comunes; presuntos negocios compartidos; hasta la liberación de zonas y territorios exponiendo poblaciones.
Las cuatro situaciones también ponen de manifiesto, aunque de modos diferentes, algunos límites de la institucionalidad sindical vigente para ejercer una representación efectiva del complejo, heterogéneo y fragmentado mundo del trabajo. Y este documento quiere constituirse también en una invitación a debatir y hacer una forma sindical capaz de aportar con mayor fuerza al horizonte de transformación social.
¿Es posible que la Argentina cree relaciones de fuerzas para un proyecto de desarrollo que impida lógicas depredatorias y de avasallamiento de derechos?
¿Podremos inventar la tonalidad propia de un modo de producción de la riqueza más asociativo y más comunitario que otorgue nuevos sentidos al proceso político que vivimos, ligando nuestra experiencia con algunos de los debates populares que tienen lugar en países hermanos de América Latina?
III.
Durante la vigencia del neoliberalismo se consolidó un sindicalismo de nuevo tipo: el sindicalismo empresarial. Sus dirigentes, artífices y ejecutores de la inversión, no sólo se han enriquecido, no sólo han adoptado los modos de vida de los empresarios, no sólo no representan a los trabajadores, sino que además se constituyeron en correa de transmisión de las reformas estructurales del neoliberalismo y transformaron a los sindicatos en empresas cuya rentabilidad es inversamente proporcional al bienestar de los trabajadores. Muchas veces, además, sus dirigentes delataron y entregaron compañeros, pactando con la dictadura militar y los grupos económicos concentrados. Duele profundamente la sola formulación de esta frase, sin embargo, debemos enfrentarnos con esta verdad histórica.
Por ello es fundamental que, retomando las mejores tradiciones de nuestro sindicalismo, los trabajadores, otros sindicatos y organizaciones rechacemos claramente tanto las prácticas como a los dirigentes que lideraron la consolidación de este tipo antagónico. Es fundamental también que ninguna circunstancia coyuntural pueda ser usada para crear alianzas tácticas que los fortalezcan cuando la única línea de acción posible es la de enfrentarlos.
En segundo lugar, denunciamos y repudiamos una práctica extendida que estigmatiza, simplifica, distorsiona y minusvalora los procesos de organización de trabajadores. Son relatos que desbordan desprecio porque no toleran el correlato político y social de nuestro protagonismo productivo. Tenemos que crear una ofensiva cultural capaz de poner de manifiesto que muchos de los cuestionamientos que recibimos no son otra cosa más que el prejuicio de quienes no respetan a las clases trabajadoras.
Tercero, creemos que tenemos que asumir el desafío de ampliar y luego jerarquizar nuestras reivindicaciones de modo tal de impulsar acciones que enfrenten las dinámicas de desigualdad y degradación laboral que corroen la vida de millones de trabajadores y trabajadoras que viven en este país. Es importante tener en cuenta que la negociación colectiva, si bien es una institucionalidad fundamental para la redistribución de ingresos, resulta insuficiente en términos cuantitativos porque quedan fuera de su encuadre más de un tercio de la población trabajadora, y en términos cualitativos, porque no habilita la redistribución de la riqueza acumulada. El desafío es primordialmente de orden político y por eso involucra a la clase obrera en su conjunto. El sentido político reside en la capacidad de trascender la instancia corporativa/particular para reconstruir identificaciones y solidaridades colectivas entre trabajadores – tarea que sólo puede ocurrir - en el marco de la disputa por un proceso de transformación social.
El reconocimiento de las limitaciones de la negociación colectiva no impide que aprovechemos su potencial en dos sentidos: para la reversión de las cláusulas precarizadoras que fueron incorporadas en los noventa y para el avance en la conquista de nuevos derechos en materia de condiciones de trabajo.
Cuarto, pensamos que la producción de un sindicalismo consustanciado con la transformación también depende de la ampliación y profundización de la organización gremial en los lugares de trabajo y entre los trabajadores. Tenemos que idear formas de vincular las distintas organizaciones de base y dotarlas de mayores y nuevas funciones gremiales y sociales. En el mismo sentido debemos discutir el doble canal de representación de los delegados sindicalesy optar por consolidar al delegado como figura que representa únicamente a los trabajadores.
Además tenemos que construir institucionalidad sindical/popular entre trabajadores que no alcanzan los niveles de concentración en establecimientos y/o las ‘normalidades’ previstas en la legislación laboral. Por ejemplo, ¿es posible pensar en figuras tales como“delegados gremiales de centros comerciales” o “delegados de manzanas comerciales”? ¿Cómo crear organizaciones que potencien una economía popular? ¿Cómo habilitar la organización y participación efectiva de, por ejemplo, los trabajadores callejeros y los trabajadores desocupados?
Finalmente, dada la riqueza cultural y organizativa del campo popular, tenemos que profundizar las articulaciones y formas de convergencia con otras organizaciones de derechos humanos, movimientos territoriales y autogestivos, asambleas ciudadanas y colectivos culturales.
En definitiva, se trata también de forjar instancias que complementen el sistema político representativo con otras formas de participación social. Lo que significa reconocer: a) que no se pueden gestar cambios estructurales y duraderos sólo “desde arriba”; b) tampoco supeditar/arriesgar las conquistas sociales a las cambiantes coyunturas de gobiernos nacionales; c) que la larga historia de asimetría de relaciones de fuerza hace imprescindible que los gobiernos populares encuentren apoyatura, contralor, fuerza e iniciativa política más allá del campo estatal; d) que entre el momento electoral del sistema representativo y las condiciones cotidianas de vida de ciudadanos/as y trabajadores hay hiatos y brechas de distinta índole de carácter irreductible que hacen necesario idear modos de articulación entre representación electoral, participación directa y nuevas formas de concertación social.
IV.
Convocatoria general a trabajadores, trabajadoras y organizaciones sindicales, sociales y culturales
Primero de Mayo de 2012
El tiempo histórico que vivimos es excepcional. Lo sabemos quienes padecimos los neoliberalismos de América Latina. Y lo sabemos también los que este último 24 de marzo marchamos por las ciudades de nuestro país y fuimos contagiados por la potencia y el futuro que irradia de las centenas de miles de caras de pibes/as, de laburantes y familias enteras, de sus consignas, y de las banderas de las múltiples organizaciones convergiendo en la memoria y en la fundación de un nuevo tiempo.
Quisiéramos que estas reflexiones contribuyan a gestar condiciones para la formulación colectiva de un programa histórico del movimiento obrero como lo fueron en su momento los de La Falda, Huerta Grande, la proclama del 1º de Mayo de la CGT de los Argentinos y los 26 puntos de la CGTRA.
No queremos concluir sin formular algunas iniciativas y propuestas de acción que surgen del propio escrito y que podrán someterse a una más amplia discusión colectiva: 1) crear una institucionalidad participativa y de concertación, la Paritaria social, integrada por militantes sindicales, de movimientos sociales, y representantes gubernamentales, que establezca instancias de participación directa y que se ocupe integralmente de la vida de los trabajadores (salud, educación, soberanía alimentaria, tierra, vivienda); 2) recuperar competencia del gobierno federal para la inspección del trabajo en materia de condiciones de trabajo, creando instancias de participación de organizaciones de trabajadores; 3) reconstruir cadenas de responsabilidad laboral y garantizar el convenio colectivo más favorable con el objetivo de combatir la tercerización precarizadora y el fraude laboral; 4) restituir los aportes patronales de las grandes empresas vigentes antes de la exención realizada por Domingo Cavallo en 1993; 5) profundizar y, en especial, definir estrategias para la ampliación de la representación en los lugares de trabajo; discutir el carácter de la representación sindical de los delegados; y crear instancias de debate abierto sobre otras propuestas y reivindicaciones de las centrales tendientes a la democratización sindical; 6) crear un centro de información público y autárquico, integrado por representantes sindicales, investigadores sociales, funcionarios públicos y representantes del empresariado que posea información sectorial actualizada sobre rentabilidades y situación del trabajo con el objetivo de fortalecer las instancias de negociación colectiva y paritaria social.
FIRMANTES
Victorio Paulón (CTA); Juan Carlos Schmid (DRAGYBAL,CGT); Paula Abal Medina (UNSAM-CONICET); Claudio Marín (FOETRA, CTA); Frente Nacional Campesino; Alejandro Grimson (IDAES-UNSAM); Horacio Ghilini (SADOP, CGT); Horacio González (UBA); Beto Pianelli (AGTSyP, CTA); Carlos Barbeito (Molineros, CGT); Pedro Wasiejko (FATE, CTA); Walter Iampietro (Juventud Sindical, CGT); María Pía López (UBA);Diego R. Morales (CELS); Héctor Palomino (UBA); Argumentos (Colectivo en red); Federico Schuster (UBA); Sergio Pisaneli y Héctor Ibarra (Comis Interna Acindar); Federico Sánchez (Juventud Sindical, CGT); Lucas Rubinich (UBA); Félix Diaz (Comunidad La Primavera); Movimiento Campesino de Formosa; Pablo Ferreyra (militante social, hermano de Mariano Ferreyra); Julián Rebón (IIGG-CONICET); Sandra Zapatero(Comis Interna Bco Credicoop); Victoria Basualdo (FLACSO-CONICET); Carolina Varsky (CELS); Arturo Fernández (UNSAM-CONICET); Mariana González (CIFRA-CTA); Estela Diaz (CTA); Carlos Pellegrini (Comis Interna Bco Central); EduardoMenajovsky (FETIA, CTA);Frente Empleados de Comercio (CTA); Ariel Velazquez (FOETRA); Enrique Rosito (AGTSyP, CTA); Jorge Pisani (AGTSyP, CTA);Cora Arias (IIGG-CONICET); Matías Berger (CEIL-CONICET);Damián Pierbattisti (IIGG-CONICET); Alicia Py (FOETRA);Silvina Zimerman (CELS); Agustín Vanella (exFUBA); Juan Santarcángelo (UNGS-CONICET); Carolina Fairstein (CELS);Nicolás Diana Menéndez (CEIL-CONICET);Alejandro Falco (UBA); Ariel Elger (Ademys, CONAT); Gabriel Noel (IDAES-CONICET);Bruno Fornillo (IIGG-CONICET); Florencia Abbate (escritora); Rafael Oro (FOETRA); Alicia Azubel (FLACSO); Cecilia Anigstein (UNGS-CONICET); Marcelo "Gaucho" Yaquet (Corriente Política 17 de Agosto); Hugo Ghergo (FOETRA); Alejandro Alagia (Fiscal, UBA); Mónica Ingravidi (FOETRA); Mirta Orellana(Delegada Sanidad FATSA); Jorge A. Zilber (FOETRA); Lidia Brito y Cintia Menéndez (Jumbo); Marcelo Gutiérrez y Silvio Tricerri (TMT Repositores Externos); Pablo Méndez Shiff (periodista); Alejandra Esponda (UNAM-FLACSO); Nicolás Dallorso (IGG-CONICET); Adriana Alvarenga;Natalí Incaminato; Rayen Castro; Yamila Cirigliano.
NUEVAS ADHESIONES
Alfredo Lattes (CENEP);Julio Neffa (CEIL-CONICET); Ariel Wilkis (UNSAM-CONICET); Karina Crivelli (UBA); Ana Efrón; Carolina Dursi (IDES); Cynthia García (Periodista);Movimiento Campesino de Liberación; Carlos Carballo (UNLP); Héctor Cordone (CEIL); Norberto Galasso (Corriente Política E. S. Discépolo); Alejandra Paz (UBA); José Luis Meirás (creador visual, trabajador de prensa); Andrés Bercum; JorgeGaggero; Carlos Balduzzi; Javier Adrian Lewkowicz; Diego Cirilli (Psicólogo Social); Claudia Vinograsky; Nestor Gabriel Rivas (agrupación Docente 22 de Agosto); Pablo Miguez (UNGS, UNSAM); Sara Daneri (terapista ocupacional-docente); Carolina Diez (UNAM-CONICET); Mariano Mastrodomenico (Delegado FOETRA); Juan Carballo (ATE-CTA); Mónica Abramzón (IIGG-UBA); Frente de Mujeres K; Agrupación Ortega Peña (UBA Derecho), Juan José Copeiro (ATE, CTA); Adelqui O. del Do (docente-UBA); Carolina De Luca; Eduardo Narvaez(arquitecto, profesor UBA-FADU); María Paula Lozano (abogadalaboralista, socióloga UBA);Angela Cardella (coord. comisión salud de APDH); Carlos Raimundi (diputado nacional); Teresa Oliveri (LADH filial San Rafael); Débora Gorban (CONICET/ UNSAM); Roberto Villarruel(centro universitario de idiomas-UBA); Chino Navarro (Movimiento Evita); Federico Casiraghi (Corriente Política Enrique Santos Discépolo); Ernesto Gabriel Cela; Agrupación Granate de SUTEBA en Quilmes; Mariana Busso (CEIL-CONICET/UNLP); Lucas Sebastián Luaces; Pablo Turnes(UBA-CONICET)
Ver
http://rig.tucuman.gov.ar/leyes/scan/scan/DN-66-1-01092008.pdf
